Fuente: Heraldo de Aragón 27/07/2010

La DGA anunció un programa de recuperación integral, pero las únicas medidas previstas son las ambientales.

Ya han comenzado la limpieza de los montes y la retirada de troncos, aunque todavía quedan muchas zonas con pinos quemados..JORGE ESCUDERO Ya han comenzado la limpieza de los montes y la retirada de troncos, aunque todavía quedan muchas zonas con pinos quemados..JORGE ESCUDERO

El 11 de agosto del año pasado, en plan vorágine tras los grandes incendios registrados en Zaragoza y sobre todo en Teruel, el Gobierno de Aragón se comprometió en una reunión con los alcaldes implicados a aprobar un plan interdepartamental para la recuperación integral de las zonas afectadas por el fuego. Según dijo entonces la DGA, la coordinación del plan correría a cargo de la Comisión Delegada de Política Territorial, y el objetivo es que pudiera ser aprobado por el Consejo de Gobierno a partir del mes octubre.

Casi un año después de ese anuncio, la coalición PSOE-PAR ha renunciado a elaborar el documento y las únicas medidas que se han puesto en marcha para paliar los daños causados por los incendios son las actuaciones forestales diseñadas por el Departamento de Medio Ambiente -que costarán 52 millones de euros hasta el año 2017-.

Lógicamente, esa inversión es, con diferencia, la más cuantiosa de las que deberán realizarse para intentar que los montes quemados el pasado verano vuelvan cuanto antes a su estado original. Sin embargo, los incendios también provocaron otro tipo de afecciones que no han sido tenidas en cuenta por el Ejecutivo autonómico.

Entre esos daños destacan los producidos en las infraestructuras, en las explotaciones agrícolas o ganaderas y en otros bienes de titularidad privada. Además, hay que tener en cuenta que el fuego afecta, aunque sea indirectamente, a actividades como el turismo, la caza, la pesca, el senderismo… Las zonas afectadas por los incendios también han tenido pérdidas en ese sector, lo que hace aún más necesario un plan de recuperación integral que incluya medidas socioeconómicas además de ayudas.

La versión del Ejecutivo

Fuentes del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior explican que el incumplimiento del compromiso adoptado por la DGA en agosto del año pasado se debe a una cuestión de complejidad administrativa. “La Dirección General de Ordenación del Territorio recopiló todas la información sobre daños y la envió a los departamentos y a la Delegación del Gobierno -cuentan-. El problema ha sido que el Estado no desarrolló su real decreto de ayudas de forma transversal, sino que cada ministerio ha ido aprobando su propia orden”.

Las mismas fuentes señalan que esa decisión del Gobierno central hizo que la DGA concluyese que no era viable aprobar un único plan interdepartamental. “Lo que se decidió es que cada consejería negociase con su ministerio de forma sectorial -aseguran desde el Ejecutivo autonómico-. En realidad es lo mismo, solo que en vez de tener un único programa las actuaciones se reparten en varios”.

Sin embargo, lo cierto es que, a excepción de las actuaciones de restauración y mantenimiento forestal presentadas por la Consejería de Medio Ambiente, hasta el momento el Gobierno de Aragón no ha aprobado otras medidas de apoyo a las zonas quemadas.

Fuentes del Departamento de Agricultura confirman que la DGA no ha complementado las ayudas agrícolas y ganaderas aprobadas por el ministerio del ramo, lo que significa que todos aquellos propietarios que no tuvieran aseguradas sus explotaciones o que sufrieran pérdidas inferiores al 30% de la producción se quedarán sin ningún tipo de subvención. Por su parte, la Consejería de Política Territorial explica que, por ahora, este departamento tampoco ha aprobado ninguna ayuda que complete las concedidas por el Estado.

Siguiendo los compromisos adquiridos ante los alcaldes por la coalición PSOE-PAR, el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios de 2009 tendría una vigencia de cuatro años (2009-2013), debería elaborarse teniendo en cuenta las propuestas que hicieron los ayuntamientos, las comarcas y otras instituciones y tendría que estar abierto a la participación de ecologistas, sindicatos agrarios y otros agentes sociales.

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