Fuente: Andalán. Autor: J.A. Alloza

 

 Recientemente el Departamento de Medio Ambiente ha presentado a los medios de comunicación el despliegue del operativo contra incendios forestales para este verano.

El Departamento insiste en incluir la gestión forestal, especialmente la relacionada con los incendios, en una estrategia con objetivos a corto plazo y búsqueda de réditos inmediatos. En lugar de reflexionar sobre lo ocurrido el pasado verano, el Departamento ha optado por mantener una actitud continuista, con una manifiesta autocomplacencia. Actitud que quedó patente en las declaraciones realizadas durante los incendios del 2009 y que ha sido repetida posteriormente en las presentaciones del denominado Plan de Restauración; talante que también se pone de manifiesto cuando desde el Departamento se descalifica cualquier atisbo de crítica, como hemos podido comprobar con el informe del Justicia de Aragón, o al ignorar propuestas de participación ciudadana.

El Departamento destaca “la eficacia de los medios a la hora de llegar al incendio y acometer la extinción”, obviando que en algunos conatos ni siquiera se ha llegado (basta recordar el incendio de Aliaga) o que cada vez hay más siniestros, con un alarmante incremento en el número de grandes incendios. Los últimos 18 grandes incendios (> 500 ha) apenas suponen el 0,3% del total de siniestros, pero concentran el 70% de la superficie forestal quemada; pese a los evidentes incrementos en inversión y eficacia, el promedio anual de siniestros en el periodo 1994-2008 duplica las cifras de la década 1980-1990. Incrementos que vienen a demostrar la necesidad de un cambio en las estrategias mantenidas hasta la fecha, basadas en la supresión del fuego, y la necesidad de actuar sobre las causas que originan y favorecen la propagación de los incendios.

En otras comunidades, la gravedad de los incendios de 1994 motivó un punto de inflexión en la lucha contra el fuego y se adoptaron nuevas estrategias de gestión y prevención. Así, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana (una de las más afectadas por los incendios de 1994) actualmente se ha llegado a una inversión de 87,4 €/ha forestal y a ratios de efectivos en la lucha contra incendios de 108,8 ha/persona. Por el contrario, en Aragón nos conformamos con justificar las 31.500 ha quemadas de 1994, ¡pero también las 22.500 ha del 2009!, como consecuencia de unas “adversas condiciones climatológicas”. No hemos aprendido de las experiencias del pasado y nuestra inversión, según los datos aportados por el informe ISTAS 2009, supone 11,7 €/ha (a los efectivos de extinción les corresponde 1.461 ha/persona), datos que confirman los presentados en el informe del Justicia. Pero la gestión forestal es mucho más que estadísticas o presupuestos y requiere de estrategias y objetivos definidos a largo plazo. En Aragón las estrategias de prevención, en lugar de actuar sobre el combustible, se concretan en un Plan de Áreas Cortafuegos y otro Plan Medioambiental de Ganadería. La eficacia de los cortafuegos está fuertemente cuestionada, baste recordar la argumentación que realiza el Colegio de Ingenieros de Montes en su informe para el Justicia, informe que también pone de manifiesto la concentración de inversiones en las labores de extinción (que acaparan casi el 80% de las mismas); por otro lado, la mera referencia a un Plan de Ganadería resulta sarcástica cuando hay ganaderos afectados por los incendios de este verano que, pese a las ayudas prometidas y perder más del 70% de superficie de pasto, no recibirán ninguna compensación.

Contrariamente a lo que se desprende del conformismo oficial, en un contexto como el actual con grandes incertidumbres y cambios socioeconómicos y climáticos, el futuro de los montes en Aragón puede estar comprometido si no se adoptan nuevas estrategias de gestión. Nuestros montes requieren con urgencia una planificación forestal basada en la multifuncionalidad, la prevención y la adaptación a cambios y perturbaciones, planificación que debe realizarse con objetivos a largo plazo, contando con la participación ciudadana y alejados de la política partidista. Para ello se necesita un profundo pero sosegado debate entre los agentes sociales que gestionan, usan y disfrutan los montes, debate que debe dar paso a una gestión que nos permita convivir con el fuego… pero limitando sus efectos.

Experiencias e iniciativas como las que están surgiendo en Teruel, con plataformas ciudadanas como “Nuestros montes no se olvidan” o grupos de reflexión como el colectivo Sollavientos, pueden aportar nuevos planteamientos para promover un debate  más abierto y participativo.

José Antonio Alloza
Colectivo Sollavientos

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