Fuente: Página Web del Justicia de Aragón: http://www.eljusticiadearagon.com

El Justicia defiende la colaboración de Ayuntamientos y Comarcas mediante la formación de voluntarios y la existencia de medios mínimos para colaborar en la extinción

En el verano del año pasado, ardieron en Aragón 22.000 hectáreas entre bosque, monte bajo y árboles de cultivo. La preocupación del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, por las consecuencias de estos incendios motivó su visita a la zona. Sobre el terreno, acompañado de alcaldes y vecinos afectados, comprobó la magnitud de los daños y se comprometió a elaborar el Informe Especial sobre los incendios forestales en Aragón que se presenta hoy en la sede del Justiciazgo.
El Informe recoge y presenta ideas y propuestas en todos los ámbitos relacionados con los incendios: prevención, extinción, actuaciones de restauración del terreno incendiado y fomento del desarrollo de las zonas afectadas, con la doble finalidad de colaborar con las Administraciones competentes y sensibilizar a la opinión pública, ya que el 45% de los incendios se deben a imprudencias.
Para la elaboración del estudio, se solicitaron informes a 11 entidades públicas y privadas relacionadas con el problema, a quienes se agradece la colaboración prestada. Mención especial merece el trabajo realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, muy completo e interesante. Todas las aportaciones, se incluyen en el documento final.
En cuanto a los datos estadísticos, de la información recabada se desprenden tres conclusiones: el número de incendios desde 1994 presenta una tendencia ascendente; existen muchas diferencias entre unos años y otros y, por último, la mayor parte de la superficie quemada se concentra en pocos incendios debido, fundamentalmente, a las condiciones climatológicas adversas, de ahí la importancia de acceder al foco del incendio lo antes posible.
Respecto a las causas de los incendios, la mayoría (45%) se deben a imprudencias; un 32% a causas naturales y un 7% de los incendios son intencionados. El porcentaje de incendios en los que no hay una causa conocida es del 16%. Los intereses urbanizadores o de especulación, están ausentes en Aragón y suponen una parte ínfima de las causas en el conjunto de España.
Con el fin de aportar ideas que contribuyan a reducir el número de imprudencias, el Informe sugiere que se vinculen las ayudas agrícolas a los compromisos en la lucha contra los incendios. En concreto, que se de mayor información a los agricultores sobre el uso y quema de rastrojos. También sugiere, un mayor control urbanístico del bosque evitando construcciones, casetas, barbacoas u hogueras incontroladas, así como acciones sancionadoras ejemplarizantes y seguir insistiendo en la sensibilización y formación ambiental de la ciudadanía en esta materia.

El presupuesto que la Administración autonómica dedica a la prevención y extinción de incendios, a pesar de que se ha multiplicado por dos en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2008, es uno de los más bajos de España en relación con la superficie forestal.
En materia de planificación y gestión, una de las principales conclusiones del Informe se refiere a la necesidad de elaborar un Plan Forestal de Aragón que oriente la política forestal y la ordenación de los recursos naturales. El Plan debería incluir, entre otras cuestiones, la definición y determinación de las zonas de alto riesgo, planes forestales para cada monte, un plan autonómico de Áreas de Cortafuegos y un plan de acción de la biomasa forestal hasta el año 2016. En opinión del Justicia, sería asimismo conveniente que el riesgo de incendios forestales se incluyera en todos los documentos planificadores de actividades en el medio rural.
Respecto a las áreas cortafuegos, éstas deben cumplir una doble función: impedir el paso del fuego y facilitar el acceso rápido al foco primitivo. Sin embargo, se ha demostrado que su eficacia en los grandes incendios forestales es limitada, ya sea porque el tamaño no es el adecuado, no son suficientes, o no están limpios. En este sentido, el Informe del Justicia plantea varias propuestas: reforzar la actuación de mantenimiento de las cuadrillas forestales, especialmente durante el invierno; fomentar su conservación mediante el pastoreo y mejorar la especialización de las unidades operativas del dispositivo.
También en este punto relacionado con la planificación y la gestión, el Informe recoge la necesidad de actualizar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias para Incendios Forestales a la realidad administrativa y normativa de la Comunidad Autónoma, sobre todo en lo referente a la extinción de grandes incendios y a la participación en la misma de Ayuntamientos y Comarcas afectadas y también que recoja vías de evacuación y simulacros.
Entre las medidas encaminadas a la prevención de los incendios, el Informe detalla, por un lado, las referidas al cuidado del bosque o selvicultura, y por otro, actuaciones de carácter más general. En el primer ámbito, apunta la conveniencia de reforestar evitando que los árboles estén demasiado juntos, realizando las podas necesarias y operaciones de clareo en bosques de alta densidad arbórea, así como evitar que el bosque esté próximo a zonas habitadas. En general, las principales actuaciones de fomento de la prevención que sugiere el Informe y que incluyen a los montes privados, consisten en: apoyar la ganadería extensiva, a las empresas que revaloricen la leña y los cultivos ignífugos en perímetros de protección y fomentar actuaciones preventivas como el paso del arado dentro de los 15 días posteriores a la recolección de rastrojos colindantes con terreno forestal.
En cuanto a la extinción de los incendios, el Informe se ocupa tanto de los medios e infraestructuras como del personal dedicado a esta tarea. En relación con lo primero, entre las aportaciones del Justicia de Aragón, destacan la necesidad de mejorar los accesos, puntos de agua, e infraestructuras aeronáuticas; evitar que los vallados cinegéticos y de caminos impidan el acceso; conservar en buen estado los tendidos eléctricos, especialmente líneas de alta tensión; unificar los sistemas de intercomunicación de los combatientes contra el fuego; solucionar las carencias en vehículos autobombas, GPS o equipos individuales específicos para incendios forestales, así como dotar a las entidades locales de medios básicos de protección y extinción para ser utilizados en los primeros momentos.
Sobre el personal, y dada su importancia vital en la extinción de un incendio, el Estudio apunta varias mejoras necesarias: la formación, especialización y estabilidad de estos profesionales, y también del personal voluntario, mediante la colaboración de Ayuntamientos y Comarcas con el fin de aprovechar el conocimiento que los habitantes tienen del territorio. Por último, reforzar la figura del Director de Extinción cuyas responsabilidades y prerrogativas se han de definir con más concreción.
Otro de los puntos que aborda este Informe es el relativo a la labor de restauración del terreno incendiado que, en opinión del Justicia, debe partir de un acuerdo general y a largo plazo de todas las Administraciones implicadas que atienda, entre otras consideraciones: la autoregeneración del monte, respetando los tiempos y plazos; rápida retirada de la madera quemada mediante inversiones de urgencia; un seguimiento del programa de reforestación; el desarrollo de la figura del “monte protector” prevista en el artículo 25 de la Ley de Montes de Aragón; la creación de un fondo para catástrofes naturales con el fin de incrementar y agilizar la restauración de las zonas incendiadas, ya sean públicas o privadas; la declaración de todos los montes públicos incendiados como de utilidad pública con el fin de asegurar la actuación directa de la Administración y una gestión más ágil. Con el mismo fin se propone, alcanzar acuerdos con los propietarios de los montes privados que sea preciso restaurar.
Finalmente, el estudio realizado por la Institución del Justicia se detiene en la importancia que tiene para la lucha contra los incendios el mantenimiento de la población en el medio rural y de las prácticas tradicionales que ello conlleva. En este sentido, apoya las ayudas dirigidas a determinadas actividades como ganadería extensiva y pastoreo controlado, conservación y uso apropiado del suelo, aplicación de prácticas agrícolas y forestales sostenibles que reduzcan los riesgos asociados a los incendios forestales, ordenación de los combustibles forestales, aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de energía renovable, arado de franjas colindantes con montes tras el levantamiento de la cosecha, interrupción de ribazos que pueden transmitir el fuego, etc. Estas ayudas pueden ser directas a los particulares que las realizan, mediante aportación económica o disminución de cargas, o indirectas, impulsando la puesta a disposición de servicios y oportunidades a toda la comunidad residente en el medio rural, no sólo agricultores y ganaderos. Como un primer paso en esta línea, y dado que se trata de actuaciones que ya se vienen realizando, el estudio indica la conveniencia de incrementar las ayudas para actuaciones en montes privados (cortas de mejora, limpieza de montes, tratamientos selvícolas, repoblaciones, etc.), procurando que el pago se realice en los plazos establecidos.

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